A CORUÑA, 19 jul 07 (IT). La ex alcaldesa de Cabanas, Modesta Anca, y el aparejador municipal José Juan Rivera han presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) sendos recursos de amparo en los que solicitan la nulidad de la sentencia que condena a Anca a siete años de inhabilitación por prevaricación, y al arquitecto técnico a un año de inhabilitación por negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Los abogados de Anca y Rivera, José Ignacio Santaló y Felipe Patiño, sostienen que se ha vulnerado, entre otros, el derecho de sus clientes a ser juzgados por un juez imparcial, y han solicitado ante el Juzgado de lo Penal número uno de Ferrol que se suspenda la ejecución de la sentencia en tanto no se pronuncie el Constitucional.
La ex alcaldesa y el aparejador fueron juzgados y condenados por la aprobar e informar favorablemente, en 1999, del estudio de detalle para la construcción de 13 chalés cerca de la playa de A Magdalena. Según la acusación, el documento respaldaba irregularidades como la invasión de zonas de protección ferroviaria.
Al repasar el vídeo de la vista oral, el abogado del aparejador detectó una conversación entre la jueza, la fiscal, la secretaria y una agente judicial durante un descanso al comienzo del juicio. Sin darse cuenta de que estaban siendo grabadas por la cámara del juzgado, las cuatro abundaban en comentarios desafortunados sobre los acusados, hasta el punto de que la titular del juzgado de lo Penal ferrolano manifestó que la ex alcaldesa y el aparejador “están pringados”.
Tras este inesperado hallazgo, los letrados de Anca y Rivera recurrieron la sentencia y, como primera medida, pidieron la nulidad del juicio por falta de imparcialidad de la jueza. El pasado mes de junio la Audiencia Provincial de A Coruña resolvió no anular el fallo, por entender que la polémica conversación era de índole privada y estaba al margen del proceso judicial.
El tribunal estimó parcialmente el recurso. Consideró que la ex alcaldesa no había cometido un delito de prevaricación urbanística, sino administrativa, y rebajó en un año la pena inicialmente impuesta; en cuanto al aparejador, lo absolvió del delito de prevaricación que lo inhabilitaba por ocho años y fijó en un año la condena por negociaciones prohibidas, frente a los 18 meses de la primera sentencia.
Ahora, los letrados piden al Constitucional que anule las dos sentencias y se repita el juicio con las debidas garantías. Recuerdan que la propia jurisprudencia del TC considera que “la exteriorización por parte de los jueces de puntos de vista u opiniones sobre la culpabilidad del acusado, pueden justificar las dudas sobre su imparcialidad”.
El representante de Modesta Anca subraya que la jueza “exteriorizó anticipadamente al fallo condenatorio”, lo hizo en presencia de una de las partes, la acusación pública, y antes de que se practicasen las pruebas, lo que indicaría que antes del juicio “había ya prejuzgado y determinado la condena”. Sobre si se trataba de una charla privada, el abogado del aparejador se pregunta qué hubiera ocurrido si esas manifestaciones se hubieran hecho en un medio de comunicación: “¿Qué es lo grave, el contenido o el auditorio?”, añade.