A CORUÑA, 1 ago 07 (IT). La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha formulado denuncia contra los administradores de la empresa Cuiña SA por la posible comisión de delitos de desobediencia, medioambiental y contra la ordenación del territorio por la instalación de una planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición en el municipio de San Sadurniño (A Coruña).
El fiscal especial de delitos contra el medio ambiente solicita ante el juzgado de instrucción de Ferrol que corresponda la apertura de diligencias previas para que se investigue la actividad de la citada empresa, tras la denuncia formulada meses atrás por un particular afectado por la factoría y el informe subsiguiente del Seprona.
El escrito de denuncia explica que la mercantil Cuiña SA, con domicilio en el municipio coruñés de As Pontes, realiza el reciclaje de residuos de construcción en una planta instalada en la cantera Capela-San Sadurniño que carece de licencia municipal, autorización autonómica y libro de registro para el almacenamiento y valorización de residuos no peligrosos.
La Fiscalía señala que, en marzo de 2006, el ayuntamiento de San Sadurniño acordó denegar la licencia municipal solicitada por la empresa, porque el terreno sobre el que pretendía ubicar la planta tiene la calificación de suelo rústico de especial protección de espacios naturales, incompatible con la presencia y actividad de la factoría.
En marzo pasado, la Dirección Xeral de Urbanismo dispuso la inmediata paralización de las obras y de la actividad de planta de reciclaje, pero dos meses después se efectuó una inspección en la que se comprobó que continúan las obras de consolidación y ampliación de las instalaciones.
El fiscal sostiene que las obras y la actividad industrial dañan un espacio especialmente protegido y las fincas del denunciante, “alterándole totalmente los accesos, produciendo grandes acumulaciones de agua y que lo que era un espacio de protección forestal quede convertido en un espacio industrial”.
El ministerio público solicita a la Consellería de Medio Ambiente que evalúe la naturaleza de los residuos allí depositados, las obras realizadas y su repercusión en el equilibrio de los sistemas naturales de la zona afectada.
Asimismo, recaba del ayuntamiento información sobre las denuncias recibidas por la actividad de la empresa, sobre las autorizaciones solicitadas por ella, las inspecciones realizadas y los requerimientos municipales para exigir el cese de la actividad. 
Como medida cautelar, la Fiscalía pide al juzgado que ordene el cese inmediato de la actividad y que curse los oficios necesarios a los responsables de la empresa y a sus proveedores. El Código Penal establece penas de multa y de entre seis y cuatro años de cárcel para los delitos contra el medio ambiente, y castiga de forma semejante los cometidos contra la ordenación del territorio, al que en este caso habría que sumar el de desobediencia.